Aquel domingo 23 de junio, un hombre de origen turco fue atacado brutalmente a las afueras de un establecimiento en Zona Río. La escena, captada en parte por testigos y cámaras, mostraba a un extranjero gravemente herido, resguardado de inmediato por cuerpos de emergencia y llevado bajo custodia al hospital más cercano. Entonces, todo parecía girar en torno a una víctima.
Pero la historia, como suele ocurrir en las calles difusas del tráfico migratorio, tenía más aristas.
El fiscal de Homicidios, Miguel Ángel Gaxiola, confirmó esta semana que el hombre, cuya identidad permanece reservada por motivos legales, es investigado por presunto tráfico de personas. La Fiscalía General de la República (FGR) notificó a la instancia estatal sobre una solicitud del Instituto Nacional de Migración (INM), luego de que dos personas sin documentación legal fueran localizadas en compañía del extranjero. Según los informes preliminares, habrían sido introducidas al país por él, bajo circunstancias aún no aclaradas.
Durante dos semanas, el ciudadano turco permaneció hospitalizado bajo resguardo policial. Fue dado de alta recientemente y ahora se encuentra en su domicilio, aún bajo el radar de las autoridades.
El agresor, por su parte, ya fue presentado ante un juez de control y enfrenta cargos por tentativa de homicidio.
Pero más allá de los expedientes judiciales y los procesos penales, lo que emerge de este caso es una estampa dura de la realidad fronteriza: una Tijuana donde los rostros del tráfico humano no siempre se distinguen con claridad, y donde la línea entre víctima y victimario puede desdibujarse tan rápido como una cuchillada en una calle iluminada.
Lo que se investiga no es solo un ataque, sino una posible cadena de explotación, rutas clandestinas y vidas atrapadas entre papeles que no existen y sueños que, a veces, mueren antes de cruzar.
