La fiscal general del Estado, María Elena Andrade Ramírez, compareció ante el Congreso de Baja California para informar sobre las acciones realizadas por la Fiscalía General del Estado (FGE), a solicitud los legisladores.
Durante su intervención, la titular de la FGE presentó avances en el Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Calidad (C5), entre ellos la regularización laboral de 215 personas que anteriormente tenían contratos temporales y sueldos entre 13 mil y 17 mil pesos mensuales. Desde el 16 de agosto, el salario base se fijó en 18 mil pesos con contrato formal. El 73% del personal del C5 no contaba con prestaciones antes del cambio.
Se mencionó la integración del personal del C3 a la FGE, la inversión en infraestructura, la renovación de equipo, y la ampliación de cámaras de vigilancia en zonas como La Rumorosa (de 10 a 25). También se informó sobre la instalación de tecnología de lectura de placas en áreas identificadas como conflictivas.
En materia de seguridad, la Fiscalía reportó la detención de 63 células delictivas, así como la judicialización de aproximadamente 2,500 denuncias. Se señaló un aumento del 1,386% en cateos relacionados con casos de género y un incremento del 32% en operativos. También se dio cuenta de la captura de integrantes del grupo criminal identificado como “Los Rusos” y de presuntos responsables de ataques con artefactos incendiarios en Mexicali.
En relación con personas desaparecidas, la Fiscalía informó que se han localizado el 70% de los registros desde 2018. Se redujo el rezago de 20 mil a 5 mil muestras sin analizar, y se han realizado 1,161 búsquedas en lo que va del año. Existen actualmente 30 peritos dedicados a este tema.
Ante preguntas de los diputados, que alargaron por más de 7 horas la comparecencia, Andrade indicó que 358 elementos de seguridad no aprobaron los controles de confianza. Algunos fueron separados del cargo por presunta relación con actividades ilícitas. Sobre el caso de la menor Keyla Nicole, señaló que la Fiscalía actuó desde el primer momento y que se mantiene abierta una investigación sobre el actuar de los agentes involucrados.
Se presentaron cifras por municipio: en Tijuana se han recibido 45 mil denuncias, en Mexicali 21 mil. Los delitos más frecuentes son de violencia familiar y patrimonial. Actualmente, el sistema tradicional de justicia presenta un avance del 60% en las carpetas, mientras que el sistema actual muestra un avance del 20%.
Durante la comparecencia, Andrade respondió a intervenciones por parte de diputadas y diputados, quienes abordaron temas como eficiencia institucional, desapariciones, violencia, y delitos cometidos por personal policial.
