Por un niño que cayó en el patio de una primaria, un maestro se tambalea hoy ante la ley. Y con él, todo un sistema educativo que tiembla ante el riesgo de ser culpado por hacer —o no hacer— lo que dicta un protocolo que pocos entienden y muchos temen.
Era un miércoles cualquiera, pero frente a la Secretaría de Educación en Tijuana, decenas de maestros del SETEBC se plantaron con un clamor que no cabía en pancartas: “¡Justicia para Esteban!”. No pedían privilegios ni absoluciones a ciegas. Pedían comprensión. Pedían contexto. Pedían que se escuchara lo que nadie quiso entender: que un maestro no es un paramédico, ni un juez, ni un verdugo. Es, ante todo, un ser humano que enseña, protege y —a veces— falla en un sistema que también lo ha fallado.
El profesor Esteban fue declarado culpable por omisión de auxilio. Martín Damián, de 10 años, murió días después de una caída sufrida en un incidente escolar en Mexicali. El maestro avisó a los padres. El niño fue llevado al médico. Pero no fue suficiente. La justicia dictaminó que no se actuó con la urgencia debida. La sentencia final llegará el 3 de julio, pero el veredicto moral ya pesa como una lápida sobre las aulas de Baja California.
“Esto nos puede pasar a cualquiera”, dice con voz quebrada María Virginia Pimentel Muñoz, coordinadora del SETEBC en Tijuana. “Tendríamos que revisar a cada niño como si fuéramos inspectores de aduanas. Un rasguño, un tropezón, y ya no somos maestros, somos sospechosos”.
Las palabras de Pimentel no son exageración, son eco del miedo. No al castigo, sino a la desprotección. A saberse vulnerables en un entorno que exige perfección y respuestas inmediatas, pero que ofrece poco respaldo cuando todo sale mal.
Porque lo cierto es que el protocolo se siguió. Esteban llamó. Informó. El niño fue atendido. Pero el dolor cerebral tardó en manifestarse. Y cuando lo hizo, ya era irreversible. Ahora, el maestro enfrenta un proceso judicial que podría marcar un antes y un después para toda la docencia en México.
Los docentes piden revisar los protocolos, adaptarlos a la realidad de las escuelas públicas, donde los grupos son numerosos y los recursos mínimos. También exigen asesoría legal del Estado, porque —dicen— la vulnerabilidad del maestro es la fragilidad de todo el sistema.
“Creemos que defender a los docentes es obligación del patrón”, afirma Pimentel. “Pero este caso demuestra que hasta el protocolo puede ser un arma en contra de quien solo está haciendo su trabajo”.
Más que un juicio, lo que enfrenta el magisterio es una encrucijada moral. ¿Cómo seguir enseñando cuando se teme que un accidente puede llevarte a prisión? ¿Qué peso tiene el protocolo frente al juicio social? ¿Dónde queda el respaldo institucional cuando la tragedia entra al aula?
No hay respuestas fáciles. Solo una certeza: cada maestro en pie frente a un grupo lo hace con la esperanza de educar… y ahora, con el miedo de que el deber se le vuelva condena.
