Tijuana, B.C. — El mar nunca olvida. Rompe contra el concreto, arrastra memoria en sus mareas y señala, con su marea insistente, las huellas de lo que se construyó sin permiso. Esta vez, su oleaje trajo a flote una verdad enterrada entre planos, licitaciones y discursos políticos: la remodelación del Malecón de Playas de Tijuana, legado de la administración anterior, avanzó sin las autorizaciones ambientales necesarias ni los estudios técnicos exigidos para una obra costera.
Este martes, autoridades del Ayuntamiento de Tijuana ofrecieron una rueda de prensa para romper el silencio. En palabras de la secretaria de Desarrollo Territorial, Urbano y Ambiental, Virginia Vargas González, la obra había sido suspendida desde septiembre de 2024 por Protección Civil del Estado. Lo que encontraron fue más que un proyecto inconcluso: era un riesgo latente.
“El estatus documental no era el idóneo. No se contaba con las autorizaciones en materia ambiental, ni con estudios técnicos especializados, pese a tratarse de una obra en zona costera”, señaló Vargas.
El panorama técnico es alarmante: cortes verticales de hasta 90 grados que debilitaban las lozas existentes, derrumbes en el andador, tuberías sin control que vertían aguas pluviales y residuales directamente al talud de la plataforma colindante con la playa. Un cóctel de omisiones capaz de desencadenar una tragedia.
“La inestabilidad del talud, sumada a la erosión marina y las lluvias de temporada, podría haber provocado un colapso y la posible pérdida de vidas humanas”, advirtió.
La obra, lejos de ser un símbolo de renovación, se convirtió en una lección sobre improvisación y descuido institucional.
El secretario de Gobierno, Arnulfo Guerrero León, confirmó que la empresa responsable de los trabajos fue contratada por la anterior administración, apenas dos meses antes de concluir su gestión. La misma recibió un anticipo del 30% y no fue sustituida.
“No cambiamos de contratista porque no queríamos que evadieran su responsabilidad. De lo contrario, hoy estaríamos enfrentando denuncias o demandas por falta de pago”, explicó.
Hoy el malecón permanece detenido, no solo por su inestabilidad física, sino por la fragilidad legal y técnica de sus orígenes. El nuevo gobierno estima que los trabajos formales podrían iniciar en 2026, con una duración aproximada de 14 meses y una inversión de 300 millones de pesos… si todo sale bien.
Mientras tanto, el mar sigue allí, testigo implacable. Y la ciudad, como tantas veces, observa cómo una promesa pública se transforma en una grieta más en su memoria urbana.
